Las universidades aprobaron sin debate el reparto de 86 millones de pesosprovenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presuntacontaminación. Desde las instituciones, investigadores críticos de la minería “acielo abierto” rechazan los recursos.
Casi sin discusión, las universidades nacionales aceptaron percibir y repartirsefondos millonarios provenientes de un empresa resistida por su impacto ambiental: laminera La Alumbrera, una empresa que –según la Justicia Federal en una causa aúnabierta– ha incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para lasalud, por lo que uno de sus ejecutivos está procesado. Luego avalada por cadainstitución, la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional de aprobar elingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, ahora, de otros 36millones generó malestar entre los numerosos investigadores de las propiasuniversidades que hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos de la explotaciónminera “a cielo abierto” que se expande en el país: “La Alumbrera es un proyecto queatenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública estádando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”,dijo a Página/12 Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del PlanFénix.
El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamentocatamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a YacimientosMineros de Agua de Dionisio (Ymad), ente compuesto por la provincia de Catamarca, elEstado nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto porcientíficos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución–. Paraexplotar la mina, Ymad conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con MineraAlumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras yventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. Laactividad empezó en 1997 y hoy se trata de la mina más grande del país, una de lasmayores del mundo (ver “Los números...”).
Al menos desde 1999, pobladores yfuncionarios vienen presentando reiteradas denuncias por la contaminación generadapor derrames y filtraciones. La causa que más prosperó se inició con una denuncia deun ex director de Medio Ambiente de Tucumán, el biólogo Juan González, por losniveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de LaAlumbrera. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán consideró que “se encuentraacreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe dondevuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó alvicepresidente de la firma, Julián Rooney.
Como pruebas, el expediente citóinformes de impacto ambiental de la propia minera, pericias realizadas por laGendarmería y estudios de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Además de un informede la propia Secretaría de Minería de la Nación, que consigna según recordaron losjueces al procesar a Rooney que el canal DP2 “presenta concentraciones de sólidostotales disueltos, sulfatos y molibdeno (...), hierro, manganeso, arsénico y boro,superando los límites establecidos por la normativa aplicable”, por lo que “elimpacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación yun alto valor ambiental”.
¿Por qué las universidades reciben fondos de esaempresa? Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de lamina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 porciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demáscasas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771. Por primera vez desde quela mina se puso en actividad, el año pasado llegaron al sistema universitario 50millones de pesos. Y hace apenas algunos días llegó una segunda partida, por 36,8millones. Antes de arribar a las casas de estudios, el Consejo InteruniversitarioNacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidadespúblicas, debió acordar el reparto de los fondos.
“Los rectores nos limitamos adiscutir la distribución que nos pedía el ministerio”, explicó el actual presidentedel CIN, Darío Maiorana, consultado por este diario. “Eventualmente, lasuniversidades podrían negarse a recibir los fondos, pero hay una responsabilidadderivada de la ley que los asigna”, argumentó otro rector. La principal discusiónentre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad.Menor interés despertó la propuesta de unos pocos rectores, quienes pretendíandefinir un destino global para los recursos: finalmente, sólo se acordó “sugerir”que los fondos de la minera se aplicaran “a proyectos institucionales”, es decir, noa un mero refuerzo presupuestario para afrontar gastos corrientes.
Tras laresolución del CIN, entre fines del año pasado y los primeros meses de 2009 cadauniversidad fue aprobando en sus consejos superiores el ingreso a sus arcas de lapartida inicial de La Alumbrera. En la UBA, por ejemplo, los 3,4 millones que letocaban se aprobaron este año como recursos propios, sin debate alguno. Lo mismoocurrió en la mayoría de las casas de estudios. En otras universidades nacionales,como las del Sur, Mar del Plata y la Patagonia (SJB), hubo mociones de rechazopresentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría. Las principalesobjeciones a la vinculación entre universidades y minería fueron planteadas pororganizaciones sociales y, desde la comunidad académica, por los investigadorescríticos del modelo de desarrollo vigente, extractivo y exportador de materiasprimas, avalado por el Estado y las grandes corporaciones.
“En el peor de loscasos, las universidades deberían usar esos recursos para investigar seriamente lasconsecuencias de la explotación minera a cielo abierto, una forma de explotaciónque, a mi juicio, va a dejar sin agua potable a las poblaciones cercanas y que no esconveniente para los intereses del país”, dijo Abraham Gak. “Es inadmisible que lasuniversidades acepten esos fondos –estimó Mirta Antonelli, profesora de laUniversidad de Córdoba–. Los rectores no pueden ignorar la procedencia de estosfondos; de hecho, algunos lo conocen perfectamente, porque hay universidades que lesvenden sus servicios a estas empresas. Por otro lado, hay un aspecto éticoinvolucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada porcontaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas lasuniversidades.”
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